Asistencia, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a personas pertenecientes a grupos vulnerables
INFORMACION GENERAL
El presente programa trata sobre la problemática del acceso a la justicia y las dificultades vinculadas con la plena vigencia y garantía de los derechos sociales por parte de los grupos sociales más vulnerables. Uno de los aspectos claves para atender a dicha problemática consiste en la atención oportuna y eficaz a víctimas, en particular proveer servicios de asesoramiento y patrocinio jurídico disponibles, como parte de las estrategias institucionales orientadas a garantizar el acceso a la justicia de la población vulnerable y de efectivizar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto se relaciona con las actividades del Servicio de Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En dicho marco, la Facultad de Derecho a la vez que proporciona una formación teórica y práctica a sus alumnos, ofrece a través del Curso de Práctica Profesional un servicio a la comunidad relacionado con el área de conocimientos que desarrolla para contribuir a los problemas que demanda el medio en la que ésta forma parte. De este modo la Facultad de Derecho une a sus actividades de enseñanza y de investigación, una misión específica en el marco de la extensión universitaria a fin de permitir a cada uno de sus alumnos, una mayor inserción en la realidad jurídica y social de la profesión y con ello, un mayor compromiso de solidaridad hacia la efectiva articulación y cooperación entre la comunidad universitaria y el resto de la sociedad.
El Programa contribuye a promover el acceso a la justicia, a fin de procurar el mayor alcance y efectividad en el respeto de los derechos y la satisfacción de las necesidades, particularmente de aquellos sectores menos beneficiados de la sociedad, permitiéndoles superar la situación de indefensión a la que suelen estar más expuestos. Para ello, se propone brindar a la población los servicios de consultoría y patrocinio letrado.
En la tarea de asesoramiento y patrocinio, en los últimos años ha existido un notable crecimiento de consultas vinculadas con reclamos por violaciones a derechos fundamentales en sus contenidos o pisos básicos, como salud, vivienda, alimentación, entre otras. La razón de ello se debe en particular a dos aspectos claves. Por un lado, el servicio de patrocinio sólo atiende mayormente casos de naturaleza no pecuniaria, siendo las causas sobre temas de derecho privado (vinculados con el derecho de familia) y el derecho penal las más numerosas de las que se atienden y tramitan a través de sus oficinas (representando el 65% y 11% respectivamente) y siendo además, como aspecto relevante a la cuestión, en estos caso mayormente consultantes mujeres, personas con discapacidades, adultos mayores quienes se acercan a la consulta (representando cerca del 63% del total de consultantes).
Esta realidad se encuentra también claramente patentada desde hace tiempo en los datos estadísticos ofrecidos por instituciones vinculadas con la prestación de servicios jurídicos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otros. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas en temas de acceso a la justicia y la protección de los derechos sociales de los grupos vulnerables, existe toda una serie de investigaciones –que aún no ocupa la centralidad que le correspondería en términos de transferencia– sobre cómo el rol cambiante de la judicatura y la participación activa y eficaz de la defensa jurídica ha impactado positivamente en los grupos marginados en sociedades pobres, así como en las condiciones bajo las cuales la justicia es posible que funcione como una voz institucional para tales grupos más vulnerables. La garantía del acceso a la justicia puede, en suma, contribuir a lograr una mayor adjudicación y exigibilidad de los derechos fundamentales para las personas en condiciones de vulnerabilidad social, especialmente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en su Informe de 2018 sobre “El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la importancia no sólo garantizar un patrocinio gratuito sino también de “… reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos grupos el acceso a instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información sobre los recursos dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos”. Cabe destacar que la dificultad que tienen los sectores más vulnerados de la sociedad para acceder a la justicia generó que en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008, se dictaran las 100 Reglas de Brasilia, que tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
OBJETIVOS
La labor que se desarrolla en el marco del Programa se inscribe en el deber que tiene la universidad pública de ofrecer un servicio a las personas en situación de vulnerabilidad socio-económica de la sociedad en cumplimiento del mandato expreso del Estatuto Universitario que establece la función social a la que la Universidad debe estimular. Así se contribuye sustancialmente al mejoramiento social del país, promoviendo acciones de promoción de derechos humanos y de conciencia ciudadana y que, a la par de que fortalezcan la relación entre la universidad y la sociedad, brinden soluciones efectivas y concretas a el efectivo ejercicio y goce del derecho al acceso a la Justicia, como Poder del Estado de resolver los conflictos jurídicos. Se trata de un derecho clave que permite habilitar los mecanismos del sistema jurídico que se ocupan de la protección de los demás derechos y satisfacción de las más diversas necesidades. Bajo este encuadre se ubican los objetivos generales y específicos que a continuación se desarrollan.
Objetivos generales comunes a la tarea de extensión y académica de la Facultad:
- Garantizar la vigencia, el respeto y goce de los derechos de la población, en general, y de la población en situación de vulnerabilidad social.
- Posibilitar un ámbito “vivencial” adecuado para que los estudiantes de la carrera de Abogacía complementen su formación a través de la articulación de los conocimientos teóricos y prácticos.
Objetivos específicos vinculados con el desarrollo del programa:
- Brindar asesoramiento social y jurídico específico, indicando los cursos de acción administrativos y judiciales posibles según el conflicto relatado y efectuando en cada caso que corresponda las derivaciones pertinentes al servicio de patrocinio jurídico que brinda la Facultad de Derecho de la UBA.
- Realizar el seguimiento de las derivaciones (a través de los informes que proporcionan las diferentes instituciones, incluyendo las judiciales) o de los casos tomados por el servicio y la comisión del servicio que se cree a tales fines.
- Desarrollar un programa que brinde un servicio de consultorio y patrocinio especialmente orientada a la protección de los derechos sociales de personas en condiciones de vulnerabilidad, acudiendo a los diferentes barrios de la CABA para facilitarles el acceso a la justicia
ACTIVIDADES
Las actividades orientadas a la consecución de los objetivos propuestos se llevarán adelante a través de:
1. Atención y asesoramiento jurídico en diferentes barrios vulnerables de la sociedad, principalmente el Barrio 31 de Retiro.
2. Búsqueda de información y diseño de estrategias de intervención específicas.
3. Diseño y elaboración de folletos informativos.
4. Realización de talleres y jornadas de reflexión para la difusión de los mecanismos de prevención y acción frente a situaciones de vulneración de derechos sociales, y de concientización de la problemática y de difusión de derechos.
5. Formulación de estadísticas vinculada con el funcionamiento del programa.